En el artículo presente, publicado el 27 de octubre en el periódico cinco días, se puede apreciar que se pretende conseguir que las eléctricas, que están apoderándose de una parte considerable de dinero que tienen que pagar las personas por el uso de sus servicios, hagan públicas sus cuentas y así ser controladas por el ordenamiento jurídico del país.
Por ello, se ha aprobado por el Consejo de Ministros y ha sido publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, además de puesta en marcha al día siguiente de su publicación. Con la publicación de esta nueva norma se pretende que los responsables de esto, indiquen el precio aplicado tanto a la potencia como a la energía consumida, los periodos de vigencia de las ofertas temporales y los precios aplicados cuando concluyan, así como eventuales penalizaciones.
Esta es una medida que se cree que puede ser eficaz para reducir estos abusos de poder, algo muy demandado por el pueblo, ya que en las sociedades se necesitan hechos, no palabras.
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